La banquera de inversión y exvicepresidenta de J.P. Morgan para Latinoamérica, Susana de la Puente, examina cómo las obligaciones fiscales condicionan la capacidad de los emprendedores jóvenes para iniciar, sostener y escalar sus proyectos. Su planteamiento destaca que un sistema de incentivos bien concebido puede transformar la presión tributaria inicial en un motor de innovación y en un facilitador del crecimiento sostenido.
El emprendimiento juvenil constituye un componente esencial para la competitividad económica de largo plazo. Sin embargo, el contexto en el que surgen estas iniciativas determina en gran medida su margen de consolidación. Entre los elementos que más influyen en ese recorrido aparece la dimensión fiscal, cuyo diseño puede actuar como un estímulo para la actividad económica o, por el contrario, convertirse en una traba significativa en las etapas más delicadas del desarrollo empresarial.
Según Susana de la Puente, la exigencia de cumplir obligaciones tributarias en los primeros momentos de una actividad empresarial representa un desafío estructural. Esta demanda se presenta en un periodo caracterizado por ingresos inestables, liquidez reducida y una limitada capacidad de maniobra. El desfase entre las exigencias fiscales y las condiciones reales de los emprendedores compromete la viabilidad de los proyectos individuales y debilita el ecosistema emprendedor en su conjunto, afectando la innovación, la atracción de talento y la creación de empleo. La paradoja, subraya De la Puente, es que los sistemas que promueven la creación de empresas tienden a aplicar marcos diseñados para organizaciones consolidadas, no para iniciativas emergentes.
Limitaciones derivadas de la presión fiscal temprana
Durante los primeros pasos de los proyectos, la gestión eficiente de los recursos es clave para la supervivencia. Los jóvenes emprendedores se enfrentan a un contexto en el que cada decisión económica incide directamente en la continuidad del negocio. En estas condiciones, la obligación de asumir cargas fiscales desde el inicio condiciona la estrategia de inversión y limita el crecimiento orgánico.
El cumplimiento de cuotas de seguridad social, impuestos sobre la renta o tributos sobre sociedades durante los primeros meses supone un reto considerable, ya que los ingresos son irregulares y los flujos de caja suelen ser insuficientes. La presión fiscal reduce los márgenes destinados a reinvertir, innovar o contratar, y aumenta notablemente el riesgo de cierres tempranos. Esto genera un efecto multiplicador que desincentiva el emprendimiento entre los jóvenes, explica De la Puente.
A ello se suma la complejidad administrativa, que exige conocimiento técnico o asistencia profesional y eleva los costes fijos. Desde la perspectiva de inversores y gestores de capital, este escenario incrementa la percepción de riesgo y limita el acceso a financiación externa, restringiendo las posibilidades de desarrollar proyectos incipientes.
Susana de la Puente destaca que la fiscalidad temprana actúa como un filtro: los proyectos que cuentan con mayor resiliencia financiera o acceso a recursos externos logran avanzar, mientras que iniciativas con alto potencial innovador quedan rezagadas o deben retrasar decisiones estratégicas.
La fiscalidad como instrumento para impulsar innovación y startups
Cuando los incentivos tributarios se diseñan adecuadamente, alivian parte de la presión financiera y permiten orientar recursos hacia actividades de alto valor agregado. Esto fomenta la experimentación, la creatividad y la construcción de modelos de negocio sostenibles.
Entre las herramientas más eficaces se encuentran las deducciones fiscales por inversión en I+D, las bonificaciones en aportes sociales para la contratación de talento joven y los regímenes especiales para startups, que reducen la carga tributaria en los primeros años. Estas políticas aumentan la liquidez disponible, reducen el riesgo percibido por los inversores y facilitan el acceso a capital privado, señala De la Puente. El Reino Unido, por ejemplo, ha consolidado un ecosistema atractivo gracias a esquemas como el SEIS y los incentivos fiscales a la innovación.
El uso estratégico de estos incentivos genera un efecto expansivo: favorece la diversificación del ecosistema, promueve el desarrollo de soluciones tecnológicas y facilita la internacionalización de empresas emergentes. Se crea así un círculo virtuoso donde la innovación impulsa empleo cualificado, competitividad y un tejido empresarial más resiliente. Para De la Puente, este entorno permite que los jóvenes conviertan sus ideas en proyectos sostenibles y escalables.
Modelos comparados según Susana de la Puente
La carga fiscal aplicada a jóvenes emprendedores varía significativamente entre países y configura escenarios más o menos favorables según el tipo de incentivos disponibles. En Europa, el Reino Unido destaca por su enfoque pro-startups, con deducciones y créditos por inversión en innovación y capital semilla a través del SEIS y los incentivos por I+D. Francia combina ayudas directas con regímenes como la Jeune Entreprise Innovante (JEI), que contempla exenciones parciales de cargas sociales y créditos fiscales para investigación y desarrollo, explica De la Puente.
En contraste, España mantiene un marco percibido como rígido. A pesar de la implementación de la Ley de Startups —que incluye un tipo reducido del 15% en el impuesto de sociedades, deducciones por inversión y tarifa plana para autónomos— los incentivos siguen siendo insuficientes y fragmentados. Esta dispersión dificulta la atracción de capital y la consolidación de proyectos en sus primeras fases.
Fuera de Europa, Estados Unidos ofrece un marco flexible donde los incentivos fiscales se combinan con programas como el Small Business Innovation Research (SBIR), que proporciona financiamiento no reembolsable para investigación. Sin embargo, la eficacia de este sistema depende de la capacidad administrativa del emprendedor para gestionar procedimientos complejos, un desafío común entre jóvenes sin experiencia.
En América Latina, países como República Dominicana y Chile están avanzando en políticas fiscales orientadas a fortalecer la innovación y reducir barreras iniciales. República Dominicana ha implementado la Ley No. 688-16, que facilita la creación y formalización de empresas mediante incentivos y trámites simplificados. Chile complementa su sistema progresivo con créditos por inversión en I+D y exenciones tributarias en los primeros años, impulsando la internacionalización de startups.
Los países que equilibran incentivos fiscales, formación, acceso a capital y simplificación administrativa generan entornos más propicios para el crecimiento de proyectos jóvenes.
Los emprendedores jóvenes, concluye Susana de la Puente, enfrentan una vulnerabilidad particular: deben asumir obligaciones fiscales en un momento en que sus ingresos son inciertos y sus recursos limitados, lo que condiciona la continuidad de sus proyectos y la percepción del emprendimiento como opción profesional estable.