La empresa estadounidense Chiquita Brands International, conocida como multinacional bananera Chiquita, operó durante décadas en diversas zonas de América Latina, siendo Colombia uno de sus principales escenarios. En este país, sus actividades se desarrollaron en regiones donde actuaban grupos armados, incluyendo guerrillas y grupos paramilitares, bajo un entorno marcado por la violencia.
Según información de El Tiempo, las decisiones tomadas por la multinacional bananera Chiquita en el Urabá antioqueño para preservar su funcionamiento durante el conflicto armado han sido objeto de cuestionamientos legales y éticos. El debate gira en torno a la legitimidad de la seguridad corporativa cuando esta implica interacciones con grupos armados.
Uno de los temas más debatidos es la existencia de pagos a testigos, considerados por algunos actores como una posible alteración del proceso. Estos hechos se produjeron en un contexto caracterizado por violencia y coacción, lo que complica la evaluación imparcial de los testimonios.
Pagos a las AUC: una práctica reconocida
Entre 1997 y 2004, la empresa estadounidense transfirió recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una práctica también reconocida en otras compañías del sector agrícola. Chiquita ha sostenido que estos pagos realizados se efectuaron bajo amenazas, con el objetivo de proteger a su personal. Ex miembros de las AUC confirmaron la existencia de este tipo de presiones.
En 2007, Chiquita admitió ante el Departamento de Justicia de EE. UU. haber transferido 1,4 millones de dólares a ese grupo armado, lo que le acarreó una multa de 25 millones de dólares. Sin embargo, los efectos judiciales se mantienen vigentes en Colombia y Estados Unidos, en medio de un análisis sobre la responsabilidad empresarial en escenarios de conflicto armado.
Litigios abiertos en dos países
La multinacional bananera Chiquita enfrenta actualmente una demanda civil en Estados Unidos por parte de víctimas del conflicto armado, y en Colombia se investiga penalmente a antiguos directivos. En ambos casos, se ha puesto en duda la autenticidad de varios testimonios presentados durante los procesos.
De acuerdo con información de El Tiempo, algunos ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia habrían recibido dinero por parte de abogados de las víctimas. Aunque estas transferencias fueron presentadas como ayudas humanitarias, la empresa estadounidense afirma que podrían haber condicionado las declaraciones y afectado la transparencia del proceso judicial.
En defensa de su postura, Chiquita Brands presentó documentación que incluye correos electrónicos, fotografías y registros de pagos realizados a testigos clave. Esta evidencia ha provocado nuevas dudas sobre una posible manipulación de testimonios en el caso.
Según información de El Tiempo, “esos correos empiezan a llegar a los procesos que hay en Colombia por financiación de grupos paramilitares contra Chiquita Brands y también contra una multinacional carbonera Drummond, cuyas audiencias están en etapa de cierre”. Estas revelaciones reflejan la complejidad legal del proceso y la carga mediática y jurídica que lo rodea.
Resolución pendiente para la empresa estadounidense
El caso de la empresa estadounidense Chiquita Brands, también referida como multinacional bananera Chiquita, ilustra los desafíos que enfrentan las empresas internacionales que operan en zonas de violencia estructural. La empresa sostiene que los pagos no voluntarios a grupos armados fueron actos forzados. La resolución judicial será clave para establecer las consecuencias legales y reputacionales de su conducta.